Compañeros:
Con el fin de definir el trabajo de la ACEU para el resto del semestre y proyectar nuestro que hacer para el próximo, se hace necesario citar a una asamblea que nos permita estructurar la organizacion interna de la ACEU, analizar el real estado del movimiento estudiantil en la UTP y plantear una linea de trabajo efectiva que nos permita avanzar en el fortalecimiento de la organizacion y en nuestra lucha por la defensa de la universidad publica.
QUEDAN PUES TOD@S INVITADOS!
Favor confirmar asistencia por cualquier vía (e-mail, teléfono, persona a persona).
Inviten a todo el mundo.
Fecha: Lunes 29 de Septiembre
Hora: 12::00 m
Lugar: Segundo piso ambiental
lunes, 22 de septiembre de 2008
lunes, 15 de septiembre de 2008
CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN Y LA ANTIDEMOCRACIA
NO A LA URIBERSIDAD
Ante la nueva andanada de improperios, amenazas y señalamientos que se hace contra la universidad colombiana y especialmente contra los estudiantes universitarios de Colombia, queda demostrado una vez más, el trato injusto que dan las altas esferas del poder a la vanguardia ética de la república.
En esta batalla entre el conocimiento y la barbarie representada por el señor Álvaro Uribe los campus de todo el territorio se enlutan, mientras la sangre inocente se derrama, como lo muestran los datos recogidos en nuestra ultima investigación sobre la violación de DDHH en las universidades, en el primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe 2002-2006, que indican que se cometieron en promedio 4 violaciones de derechos humanos a estudiantes universitarios en cada semana, agresiones que van desde las intimidaciones, amenazas, detenciones, hasta el asesinato, la desaparición y la tortura. Todo esto agenciado desde las instituciones de seguridad del estado (Policía Nacional, ESMAD, Ejercito y el DAS, entre otros) en complicidad con el paramilitarismo. La estigmatización a los estudiantes avanza de la mano de los atropellos sistemáticos contra el movimiento universitario. Comentarios como los de la señora Gina Parody, retumban como una amenaza latente contra todos los estudiantes. ¿Porque se habla de las universidades como bastiones guerrilleros, nido de terrorista, cuna de vándalos, y se hace un silencio cómplice ante los 14 estudiantes asesinados en el periodo 2002 - 2006?
La ACEU cree en una universidad deliberativa, capaz de recrear la sociedad y a la vez donde diferentes posturas políticas e ideológicas puedan confrontarse desde el debate, la argumentación y la razón, un escenario propio para la propuesta y la alternativa. No queremos una universidad aislada del conflicto, de espaldas a las realidades del país. Defendemos a la universidad de cualquier tipo de violencia armada, no reivindicamos la confrontación bélica al interior de nuestros claustros, de lo que hablamos es de la batalla de ideas.
Convocamos a toda la sociedad colombiana, a defender la universidad contra el unanimismo que quiere imponer Álvaro Uribe, el problema central no son las capuchas estudiantiles, el problema de fondo, es la supresión de las garantías democráticas para el ejercicio legitimo de la protesta y la oposición en Colombia. Convocamos públicamente a Álvaro Uribe y sus agentes en el congreso a dar el debate de cara al país, sobre la verdadera crisis que afrontan las universidades.
Bogotá, septiembre 12 de 2008.
Comité Ejecutivo ACEU
Ante la nueva andanada de improperios, amenazas y señalamientos que se hace contra la universidad colombiana y especialmente contra los estudiantes universitarios de Colombia, queda demostrado una vez más, el trato injusto que dan las altas esferas del poder a la vanguardia ética de la república.
En esta batalla entre el conocimiento y la barbarie representada por el señor Álvaro Uribe los campus de todo el territorio se enlutan, mientras la sangre inocente se derrama, como lo muestran los datos recogidos en nuestra ultima investigación sobre la violación de DDHH en las universidades, en el primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe 2002-2006, que indican que se cometieron en promedio 4 violaciones de derechos humanos a estudiantes universitarios en cada semana, agresiones que van desde las intimidaciones, amenazas, detenciones, hasta el asesinato, la desaparición y la tortura. Todo esto agenciado desde las instituciones de seguridad del estado (Policía Nacional, ESMAD, Ejercito y el DAS, entre otros) en complicidad con el paramilitarismo. La estigmatización a los estudiantes avanza de la mano de los atropellos sistemáticos contra el movimiento universitario. Comentarios como los de la señora Gina Parody, retumban como una amenaza latente contra todos los estudiantes. ¿Porque se habla de las universidades como bastiones guerrilleros, nido de terrorista, cuna de vándalos, y se hace un silencio cómplice ante los 14 estudiantes asesinados en el periodo 2002 - 2006?
La ACEU cree en una universidad deliberativa, capaz de recrear la sociedad y a la vez donde diferentes posturas políticas e ideológicas puedan confrontarse desde el debate, la argumentación y la razón, un escenario propio para la propuesta y la alternativa. No queremos una universidad aislada del conflicto, de espaldas a las realidades del país. Defendemos a la universidad de cualquier tipo de violencia armada, no reivindicamos la confrontación bélica al interior de nuestros claustros, de lo que hablamos es de la batalla de ideas.
Convocamos a toda la sociedad colombiana, a defender la universidad contra el unanimismo que quiere imponer Álvaro Uribe, el problema central no son las capuchas estudiantiles, el problema de fondo, es la supresión de las garantías democráticas para el ejercicio legitimo de la protesta y la oposición en Colombia. Convocamos públicamente a Álvaro Uribe y sus agentes en el congreso a dar el debate de cara al país, sobre la verdadera crisis que afrontan las universidades.
Bogotá, septiembre 12 de 2008.
Comité Ejecutivo ACEU
miércoles, 3 de septiembre de 2008
Caravana internacional de juristas en Pereira Hallan contradicciones en causas de violación de derechos humanos
POR ALDEMAR SOLANO PEÑA
Redacción LA TARDE
Llegaron al Eje Cafetero bajo el concepto de una zona tranquila y turística, pero hallaron más problemas de derechos humanos de lo que imaginaban: "con gran sopresa descubrimos que éste es el segundo departamento con más homicidios", reveló Anouk St-Arnaud, la vocera de 'Abogados sin fronteras', que arrivaron este martes a Pereira.
Los nueve abogados, provenientes de Ingraterra, Alemania y Canadá, se reunieron en Pereira con representantes, de todo el Eje Cafetero, de organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, el movimiento nacional de víctimas y crímenes de estado, el comité estudiantil de derechos humanos de Risaralda, y con funcionarios del Estado como la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo.
El eje central de las entrevistas con todos ellos fue conocer, de primera mano, la situación de derechos humanos y de las personas que los defienden, llegando a cinco conclusiones fundamentales:
1 A primera impresión, la misión halló profundas contradicciones entre la descripción de las causas que dieron origen a la ocurrencia de violación de derechos, en los reportes de las organizaciones defensoras y entre lo que dice el Estado.
Un ejemplo de dichas inconsistencias, es el caso de un profesor asesinado, hace unos meses en el municipio de La Virginia al parecer por grupos paramilitares, según lo denuncian sus allegados, mientras que los representantes del Estado sugieren que se trató de motivos económicos.
2 Es preocupante la escasa satisfacción que reciben los víctimas, sus familiares o las organizaciones, sobre los resultados arrojados por las investigaciones o las sentencias. "De las numerosas denuncias, pocas tienen seguimiento. Hay investigaciones que no se adelantan; los movimientos piden celeridad en los procesos y no encuentran respuesta", afirma St-Arnaud.
3 Otra preocupación para el grupo de juristas internacionales es que, parte fundamental de su misión era recolectar estadísticas sobre denuncias de violación a los derechos humanos, las cuales no encontraron por parte de las autoridades: "Los organismos estatales no dan las cifras que requeríamos porque no existen", dice la abogada canadiense, y recalca: "Estas entidades deberían ser capaces de suministrar esta información, de los casos que fueron ocultados, de los casos vinculados a agresiones y homicidios, pero no la encontramos", dijo, pero aclaró que si bien la Fiscalía no posee estos datos, la Defensoría del Pueblo sí reveló que ha recibido más de cuatro mil denuncias de todo tipo durante lo corrido de este año.
4 David Mole, abogado de derecho laboral y representante sindical en Londres ve que en la región hay mucho trabajo por hacer para defender a las uniones: "En nuestro país las uniones cuentan con protección. Basados en lo que escuchamos, aquí hay discriminación y nos preocupa la situación de los sindicalistas en Pereira. Esperamos que los representantes del Estado brinden más garantías para mejorar esta condición", expresó Mole.
En las entrevistas, los sindicatos denunciaron persecución hacia sus miembros, líderes de comunidades y de organizaciones sociales.
"Parece que hay una represión sobre las personas que tratan de destacar la verdad públicamente" dice St-Arnaud, quien además no se atreve a establecer las causas de dicha persecución por las inconsistencias entre las versiones de esos grupos y las autoridades, y además porque en "sólo dos días es imposible juzgar un tema tan complejo".
5 Ante la incidencia de los medios de comunicación en la promulgación de los derechos humanos, y la obstrucción que en muchos trata o imponen los órganos estatales, la misión subrayó que el rol de los medios es dar a conocer las violaciones a los derechos humanos y que el trabajo de la prensa no obstruye los procesos judiciales porque son cursos separados. "En Canadá la prensa puede acceder a los casos y divulgarlos porque eso no influye en la sentencia, algunas veces pueden existir restricciones en la divulgación del nombre de las personas vinculadas pero no en todo el caso", explica la vocera.
La misión reconoce la tención y colaboración de los representantes del Estado, pero declaran que es necesario continuar un seguimiento a la escasa informacion conseguida. Sugieren que deben hacerse investigaciones más profundas sobre la denuncias.
Las conclusiones recogidas por los 75 abogados, en seis departamentos de Colombia, fueron reunidos este jueves en Bogotá para publicar un informe oficial que será enviado a las entidades gubernamentales, las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.
Los resultados presentados por las autoridades, no reflejan la verdad esperada por las organizaciones de víctimas de derechos humanos", dice la misión internacional
Sobre detención en Quinchía
Pilar Silva, representante del colectivo de abogados Cajar, afirmó que en Risaralda la captura masiva de Quinchía, de más de cien personas, es una clara violación a los derechos humanos. "Basta con que algunos testigos los vinculen y sólo con eso abren procesos. En Colombia ocurre que con la implementación de la Política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez, no sé si para mostrar resultados ante Bush o en el exterior, por los recursos que le envían, los jueces y fiscales tiene que detener gente para mostrar resultados porque técnicamete a las personas que son detenidas el único delito que se les aplica es el de rebelión. Todos son guerrilleros y terroristas, y después de dos meses salen", afirmó Silva.
Redacción LA TARDE
Llegaron al Eje Cafetero bajo el concepto de una zona tranquila y turística, pero hallaron más problemas de derechos humanos de lo que imaginaban: "con gran sopresa descubrimos que éste es el segundo departamento con más homicidios", reveló Anouk St-Arnaud, la vocera de 'Abogados sin fronteras', que arrivaron este martes a Pereira.
Los nueve abogados, provenientes de Ingraterra, Alemania y Canadá, se reunieron en Pereira con representantes, de todo el Eje Cafetero, de organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, el movimiento nacional de víctimas y crímenes de estado, el comité estudiantil de derechos humanos de Risaralda, y con funcionarios del Estado como la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo.
El eje central de las entrevistas con todos ellos fue conocer, de primera mano, la situación de derechos humanos y de las personas que los defienden, llegando a cinco conclusiones fundamentales:
1 A primera impresión, la misión halló profundas contradicciones entre la descripción de las causas que dieron origen a la ocurrencia de violación de derechos, en los reportes de las organizaciones defensoras y entre lo que dice el Estado.
Un ejemplo de dichas inconsistencias, es el caso de un profesor asesinado, hace unos meses en el municipio de La Virginia al parecer por grupos paramilitares, según lo denuncian sus allegados, mientras que los representantes del Estado sugieren que se trató de motivos económicos.
2 Es preocupante la escasa satisfacción que reciben los víctimas, sus familiares o las organizaciones, sobre los resultados arrojados por las investigaciones o las sentencias. "De las numerosas denuncias, pocas tienen seguimiento. Hay investigaciones que no se adelantan; los movimientos piden celeridad en los procesos y no encuentran respuesta", afirma St-Arnaud.
3 Otra preocupación para el grupo de juristas internacionales es que, parte fundamental de su misión era recolectar estadísticas sobre denuncias de violación a los derechos humanos, las cuales no encontraron por parte de las autoridades: "Los organismos estatales no dan las cifras que requeríamos porque no existen", dice la abogada canadiense, y recalca: "Estas entidades deberían ser capaces de suministrar esta información, de los casos que fueron ocultados, de los casos vinculados a agresiones y homicidios, pero no la encontramos", dijo, pero aclaró que si bien la Fiscalía no posee estos datos, la Defensoría del Pueblo sí reveló que ha recibido más de cuatro mil denuncias de todo tipo durante lo corrido de este año.
4 David Mole, abogado de derecho laboral y representante sindical en Londres ve que en la región hay mucho trabajo por hacer para defender a las uniones: "En nuestro país las uniones cuentan con protección. Basados en lo que escuchamos, aquí hay discriminación y nos preocupa la situación de los sindicalistas en Pereira. Esperamos que los representantes del Estado brinden más garantías para mejorar esta condición", expresó Mole.
En las entrevistas, los sindicatos denunciaron persecución hacia sus miembros, líderes de comunidades y de organizaciones sociales.
"Parece que hay una represión sobre las personas que tratan de destacar la verdad públicamente" dice St-Arnaud, quien además no se atreve a establecer las causas de dicha persecución por las inconsistencias entre las versiones de esos grupos y las autoridades, y además porque en "sólo dos días es imposible juzgar un tema tan complejo".
5 Ante la incidencia de los medios de comunicación en la promulgación de los derechos humanos, y la obstrucción que en muchos trata o imponen los órganos estatales, la misión subrayó que el rol de los medios es dar a conocer las violaciones a los derechos humanos y que el trabajo de la prensa no obstruye los procesos judiciales porque son cursos separados. "En Canadá la prensa puede acceder a los casos y divulgarlos porque eso no influye en la sentencia, algunas veces pueden existir restricciones en la divulgación del nombre de las personas vinculadas pero no en todo el caso", explica la vocera.
La misión reconoce la tención y colaboración de los representantes del Estado, pero declaran que es necesario continuar un seguimiento a la escasa informacion conseguida. Sugieren que deben hacerse investigaciones más profundas sobre la denuncias.
Las conclusiones recogidas por los 75 abogados, en seis departamentos de Colombia, fueron reunidos este jueves en Bogotá para publicar un informe oficial que será enviado a las entidades gubernamentales, las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.
Los resultados presentados por las autoridades, no reflejan la verdad esperada por las organizaciones de víctimas de derechos humanos", dice la misión internacional
Sobre detención en Quinchía
Pilar Silva, representante del colectivo de abogados Cajar, afirmó que en Risaralda la captura masiva de Quinchía, de más de cien personas, es una clara violación a los derechos humanos. "Basta con que algunos testigos los vinculen y sólo con eso abren procesos. En Colombia ocurre que con la implementación de la Política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez, no sé si para mostrar resultados ante Bush o en el exterior, por los recursos que le envían, los jueces y fiscales tiene que detener gente para mostrar resultados porque técnicamete a las personas que son detenidas el único delito que se les aplica es el de rebelión. Todos son guerrilleros y terroristas, y después de dos meses salen", afirmó Silva.
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